La Ley reguladora de las haciendas locales establece cuáles son los tributos que los ciudadanos deben pagar a sus ayuntamientos. Cada año los consistorios actualizan sus importes para adecuar el nivel de ingresos a las necesidades del municipio. El objetivo es poder ofrecer los servicios que los ciudadanos requieren y hacer las inversiones necesarias para el crecimiento y modernidad del municipio.
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